Resumen: El Juzgado de instancia estima en su pretensión principal la demanda de una trabajadora, enfermera en un centro sanitario, que solicitaba se declarara que el proceso de IT iniciado el 8 de marzo de 2020 deriva de enfermedad profesional o de accidente de trabajo con carácter subsidiario, por contagio del virus Sars/Cov-2. La Sala analiza el recurso de suplicación del INSS, que denuncia la infracción de la D. A. 4ª RDL 28/2020. La Sala razona: a) que la demandante inició la situación de IT litigiosa con anterioridad a la declaración del estado de pandemia y de alarma, por lo que no le es aplicable esa normativa que con carácter genérico va destinada a regular una situación excepcional a partir de tales fechas; b) ahora bien, ello no significa que tal situación no pueda incluirse en la normativa general de la vigente LRGSS en orden a reconocer una situación como derivada de contingencia profesional; c) que, de acuerdo con la normativa general, estamos ante una enfermedad profesional - art. 157 LRGSS en relación con el RD 664/1997 y el RD 1299/2006 en su Anexo, subepígrafes 3A0101, 3A0102 y 3A0103; c) que los RRDDLL 19/2020 y 3/2021 no llevan a otra conclusión distinta, pues son normas de emergencia para dar cobertura prestacional al personal de centros sanitarios y sociosanitarios estrictamente durante el periodo de la epidemia, pero no alteran el cuadro de enfermedades profesionales. Se desestima el recurso y se confirma la Sentencia de la instancia.
Resumen: La cuestión en la que entiende la Sala que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 2.1.b ) y c) LGS, en relación con el artículo 23.1 LGP, a fin de determinar si las subvenciones, por su propia naturaleza, gozan o no de la prerrogativa de inembargabilidad. Y, en caso negativo, interpretar el artículo 607 LEC a fin de valorar su aplicabilidad o no a las subvenciones percibidas por el beneficiario y dirigidas a personas físicas o jurídicas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, que fueron aprobadas en el marco de la pandemia de Covid-19. La cuestión transciende del mero examen de la naturaleza que revisten las ayudas públicas a trabajadores autónomos en ERTE reguladas en la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, no puede concluirse que el debate verse sobre la interpretación de normas de Derecho autonómico. Por el contrario, la Sala entiende que, concurriendo la presunción del artículo 88.3.a) LJCA, la cuestión no carece manifiestamente de interés casacional, y, además, trasciende del caso objeto del proceso.
Resumen: Valoración de la prueba. Para modificar la calificación jurídica de la prueba hecha en la instancia, es necesario que sea recurrida la misma.
